Las familias aún buscan a sus bebés apropiados en España Ampliar Movilizaciones.

Las familias aún buscan a sus bebés apropiados en España Ampliar Movilizaciones. Los niños fueron robados en distintos hospitales del país, como el O'Donnel y La Paz. Una monja fue la principal acusada. TIEMPO DE LECTURA: 6' 59'' NO. DE PALABRAS: 1149 ROXANA CAZCO. DESDE MADRID Lunes 21/10/2013 Enriqueta Pelayo escucha a su hija llorar desde hace 33 años. El llanto lo tiene metido en la cabeza, porque a esa hija nunca la vio. "Me la robaron", dice con los ojos vidriosos. Antes la acunaba. Tomaba una manta entre brazos y le daba forma de bebé. "Tuve que ir a psiquiátricos", relata. El dolor sigue intacto y se parece al que sienten los familiares de los desaparecidos. Porque no hay cuerpo ni tumba. Porque no sabe si ha muerto y porque sueña que está viva. Apenas ingresada en la clínica San Ramón de Madrid para dar a luz, la monja María Gómez Valbuena le puso "el goteo para que las contracciones sean más rápidas". Perdió el conocimiento. Solo recuerda un llanto de bebé y las palabras del doctor Eduardo Vela: "dormidla ya, que se está despertando". Cuando abrió los ojos le informaron que su bebé había muerto. "Empecé a gritar como una loca. Les dije que era mentira, que la había escuchado llorar". El hospital se encargaría de enterrarla. Años después la familia abrió la supuesta tumba en el cementerio de la Almudena, pero la encontraron vacía. Empezó a investigar. Ha encontrado pruebas de que la niña nació y fue registrada. En la clínica le cierran las puertas y se niegan a decirle a quiénes se la dieron. "Sé que está viva", suspira durante una manifestación en Madrid convocada por la Asociación SOS Bebés Robados el sábado pasado. María Gómez Valbuena y Eduardo Vela son dos nombres clave en la trama de bebés robados en España durante la dictadura franquista y el inicio de la democracia. Ambos trabajaban en las clínicas San Ramón y Santa Cristina y sus nombres constan en decenas de denuncias. El engaño consistía en hacer creer a las madres que sus vástagos habían muerto y entregárselos a otras familias. Se valoraba que la parturienta era soltera, que había acudido sola al hospital o que carecía de recursos económicos. Había también un componente ideológico. Legalmente la dictadura franquista permitía quitar los niños a sus madres y ponerlos bajo tutela del régimen si su "educación moral" estaba en riesgo. En el fondo no era más que otra práctica de represión dirigida a los militantes de izquierdas y una condena moral a las mujeres que habían concebido sin casarse. Pero también hay muchos otros casos, cuyas víctimas estaban casadas y tenían familia. Enriqueta tenía marido y tres niñas más. "Agradece a Dios que se llevó a esta y no a una de tus tres hijas", le dijo sor María con sorna La progenitora 'adoptiva' de Paloma Paz pagó 500 pesetas por ella, "eso era mucho dinero en 1957 porque un sueldo llegaba a las 80 pesetas", dice esta madrileña dolida por la actitud de su "madre falsa" -como la llama- quien se negó a contarle la verdad. "Pero tuvo que reconocer todo ante la jueza". Siempre sospechó de sus orígenes y empezó a investigar. La mujer con la que compartió su vida dio a luz una niña muerta. "En la maternidad O'Donnell (hoy Hospital Gregorio Marañón) nos cambiaron, quiero encontrar a mi verdadera madre", señala. Las denuncias empezaron a aparecer masivamente en 2010. Después de décadas de silencio. SOS Bebés Robados estima que hay unos 30 000 casos en España. Los delitos ocurrían en casas de salud gestionadas por monjas o en las que trabajan religiosas, sobre todo de la congregación Hijas de la Caridad, a la que pertenecía Gómez Valbuena. La monja se llevó consigo demasiada información cuando murió en enero de 2013, al poco tiempo de iniciados los juicios y en los que constaba como imputada. Algo que lamentan profundamente las víctimas. Se hizo conocer como "la monja que daba niños". Algunos de sus "clientes" sabían que pagaban por bebés arrebatados y otros eran engañados con falsas adopciones. "Mis padres sospechan que fui robada", dice Camino Rodríguez, nacida en 1979. "En esa época podías agilizar el trámite si encontrabas una gestante que quería dar a su hijo en adopción. Ellos acudieron con una chica, pero Sor María les dio otro bebé". Oficialmente no hay registro de la adopción. Alberto Cueva sabe que su hermano gemelo vive en Madrid y no tan lejos. Cuando va por la calle mira a todos lados por si se reconoce a sí mismo. "Una vez un amigo me dijo que era un 'borde' (antipático), porque me había pasado delante sin saludar, pero no era yo". Le han confundido varias veces. "No voy a complicarle la vida, solo quiero conocerle", dice este madrileño de 24 años. A su madre le dijeron que el pequeño murió de hepatitis B. "Ella nos vio vivos en dos incubadoras y además se hizo las pruebas y no tenía hepatitis". A las progenitoras más insistentes, les mostraban un bebé congelado que las monjas guardaban en la nevera del San Ramón, extremo que se conoció durante las investigaciones. Y el doctor Vela -según las denuncias- emitía certificados de defunción falsos. Ambas cabezas de la trama en Madrid son descritas como personas frías, calculadoras y prepotentes. Sin embargo, a veces fallaban. "A los tres días de notificarle la muerte de mi hermano (1969), una enfermera le insistió que se levantara a darle el pecho. Esta persona tuvo que verlo, sabía que estaba vivo", cuenta Virginia López. Su madre también escuchó llorar al pequeño y cuando se incorporó para cargarlo, dos enfermeras la echaron hacia atrás. Años después encontraron una partida de defunción con la firma falsificada del padre. Y en la supuesta tumba de su hermano no encontraron restos. Como era habitual, el hospital aseguró que se "encargaría de todo y del entierro". Al momento se han denunciado ante la justicia 1 500 casos, el 20% en el País Vasco. Muchas familias se enfrentan al dolor del archivo de las causas porque han prescrito. Tal como le pasó a Paloma Paz. "¿Cómo pueden prescribir si son crímenes de lesa humanidad", se pregunta. Desaparecidos La Asociación SOS  Bebés Robados tiene delegaciones en 10 comunidades autónomas. Se calcula que un 25% son archivados por falta de indicios delictivos o porque han prescrito. Gómez Valbuena  fue procesada por el robo de una niña en 1982 en la maternidad Santa Cristina. La monja murió antes de la conclusión del juicio. Eduardo Raya  fue el primero en denunciar su caso (su hija fue robada), el 23 de marzo.

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